Corrupción Radical. El contubernio

Cartel de la Toga, Fiscalía, fiscal Gustavo Moreno, contratos en la era Juan Carlos Granados en la Gobernación de Boyacá y Contraloría, cargos burocráticos y mirada selectiva a la hora de armar procesos judiciales. En este proceso hay un nombre que aparece en todos lados: Cambio Radical. El resumen es el siguiente.

Juan Carlos Granados llegó como representante a la Cámara en el periodo 2006-2010, por el Departamento de Boyacá, con apenas 12.870 votos, gracias al aval del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En el Congreso coincidió con otros pesos pesados de Cambio Radical: Germán Varón Cotrino, entonces representante a la Cámara por Bogotá, y los senadores en su momento: Germán Vargas Lleras y Plinio Olano, todos claves en su posterior ascenso político. Justo cuando salió del Congreso, en 2010, inició su campaña a la Gobernación de Boyacá con el apoyo de Cambio Radical. Como resultado, fue elegido gobernador para el periodo 2012-2015.

Granados estuvo entre los candidatos para ocupar la cartera del Ministerio de Transporte, aunque el actual senador Varón Cotrino sugirió su nombre para la Contraloría Distrital. En este periodo, el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, también aspiraba a la Personería de la capital. Ambos impulsados por el partido Cambio Radical, bajo la campaña del actual senador Germán Varón Cotrino.

En el Concejo de Bogotá se hicieron acuerdos entre los partidos de la coalición de gobierno de Enrique Peñalosa para que la Contraloría quedara en manos de un candidato de Cambio Radical; mientras que los demás partidos se quedarían con la Personería. En efecto, la mayoría del Concejo eligió a Granados, a pesar de que no tenía experiencia en control fiscal. Pero sí tenía cerca de 10 investigaciones en la Procuraduría, por irregularidades cuando se desempeñó como gobernador de Boyacá, además de dos procesos fiscales que adelantaba la unidad anticorrupción de la Contraloría General por detrimento de 19.000 millones de pesos. También había hecho parte de las mesas directivas de la Rape y de la CAR, y esto generaba una inhabilidad toda vez que esas entidades tienen injerencia en Bogotá. Pero no importó.

De acuerdo a una solicitud de la organización de periodistas Consejo de Redacción (CdR), la Contraloría envió las relaciones de contratación que se llevaron a cabo entre junio de 2016 y septiembre de 2017. Al respecto, se encontraron 400 nombramientos en diferentes cargos y fueron vinculadas 191 personas por prestación de servicios. Sobre estos últimos, la mayoría son de Bogotá (68), pero se han vinculado a 54 personas de Boyacá (como si se tratara de regresar favores políticos). Una buena parte fueron candidatos que perdieron en las elecciones de 2015 en Bogotá y Boyacá.  Lo anterior coincide con las denuncias que hace uno de los sindicatos de la Contraloría de Bogotá. De acuerdo con el informe del sindicato Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, algunos contratos, cuyo monto mensual supera los 7 millones de pesos, son de funcionarios que ni siquiera asisten a las instalaciones de la Contraloría de Bogotá.

Se presentan varios casos que generan suspicacia sobre su relación amañada en la Contraloría con el partido Cambio Radical, sus vínculos con el cartel de la toga, el fiscal anticorrupción y Odebrecht. A continuación se presenta caso por caso.

El popular senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, que se ha ufanado de defender a su partido y jefe político, Germán Vargas Lleras, de las acusaciones sobre corrupción, también ha sido beneficiado del contralor Granados. El caso puntual es sobre su exesposa Liliana Jaramillo Mutis, quien tiene una estela de contratos en la Auditoría General de la República y es contratista en la Dirección de Planeación de la Contraloría. El exauditor Felipe Córdoba le otorgó a Liliana Jaramillo Mutis contratos multimillonarios y le ayudó a gestionar el nombramiento del abogado Luis Alberto Giraldo, en la Contraloría de Bogotá. En la Auditoría General, Jaramillo tiene varios contratos multimillonarios con el objeto de “prestación de servicios profesionales”: en 2016, por más de 145 millones de pesos para ser ejecutados durante todo el año (ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4665399) y en 2017 por más de 150 millones que estaban destinados a ejecutarse desde enero de 2017 durante 11 meses (ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6084469).

Según información reciente, su labor como contratista de la Contraloría es supervisada por Luis Alberto Giraldo Polanía, actual subdirector de análisis, quien fue su subalterno en la Auditoría General.

Pero además, en la nómina anterior de la Contraloría se registran contratos con Ximena Liliana Bustos Velasco, hija del exmagistrado involucrado en el cartel de la toga, Leonidas Bustos, quien fue nombrada en la Contraloría de Bogotá el pasado 2 de febrero de 2015, cuando el señor Diego Ardila dirigía el organismo. El contrato era por un monto que supera los 8 millones de pesos mensuales. Aunque Granados la mantuvo hasta que estalló el escándalo del cartel de la toga, según la Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, antes de ser retirada de la entidad, Liliana Bustos suscribió un contrato de más de mil millones de pesos sobre provisión de electrodomésticos para la Contraloría. Elementos que corresponden a neveras y televisores pantalla plana, los cuales están inutilizados y arrumados en varias oficinas. Otro de los favorecidos es su hijo José Leonardo Bustos, quien según el mismo sindicato, trabajaba en la Secretaría de la Contraloría. Se desconoce cómo llegó a la entidad y no se sabe qué actividades realizaba.

Pero Bustos no solo fue favorecido con sus hijos. Al parecer, Martha Pineda, esposa del exmagistrado José Leonidas Bustos, también estaría vinculada, favorecida en los millonarios contratos que entregó el contralor de Bogotá.

No olvidemos que Leonidas Bustos tuvo mucho que ver en el archivo del proceso contra Vargas Lleras por presuntos vínculos con paramilitares en Casanare. En mayo de 2013 (apenas 10 meses después de abrirse el proceso contra Vargas Lleras), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza de Leonidas Bustos, decidió archivar en tiempo récord la investigación. La magistrada auxiliar encargada de investigar y proyectar el fallo para la firma de Leonidas Bustos fue la abogada Luz Mabel Parra. Parra fue nombrada por el fiscal Néstor Humberto Martínez en junio de 2016 como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y además estuvo casada con Gerardo Torres, también conocido como Yayo, quien hasta hace poco formaba parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino (Ver link: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/senadores/1179-varon-cotrino-german).

Pero ahí no termina todo. Gustavo Malo, el cuestionado magistrado, también sale al ruedo. Yara Milena Malo Benítez, hija de Gustavo Malo, ambos investigados por posible corrupción, tenía claros vínculos con Granados desde antes de ser contralor. La prueba está sustentada por un contrato de prestación de servicios, entre Yara Malo Benítez y el Departamento de Boyacá en 2015, cuando Granados era gobernador del departamento. En junio de 2017 Yara Malo volvió a ser contratada con la bendición de Granados, ahora como contralor. Se trata del contrato 157, firmado el 6 de junio, con un plazo de 5 meses por un valor total de 25 millones de pesos.

Pero esto no es todo, nos falta el fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno. En febrero de 2017 se suscribió un contrato con el objeto de “prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la Gestión Fiscal de la Dirección Sectorial Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá”, el cual se fijó por seis meses, entre la Contraloría de Bogotá y el señor Leonardo Beltrán Rivera, familiar cercano del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Cuatro meses después fue terminado unilateralmente por Beltrán Rivera, por razones personales, según la Contraloría. Con base en el contrato, Beltrán Rivera recibiría pagos mensuales de 6 millones de pesos, que se cumplieron solo durante 4 meses. Pero esto no es lo más extraño. La dependencia en la cual se suscribió el contrato (Dirección Sectorial de Hábitat y Ambiente) es la misma en la cual fue contratada Yara Malo, hija del exmagistrado investigado por el cartel de la toga, Gustavo Malo.

Fue imposible obtener comunicación con Germán Varón Cotrino.

Columna de Ariel Ávila publicada en Semana.com




No hay comentarios


Puedes dejar el primero : )